SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público desplegó el martes, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, la Operación Armum, la cual incluyó 18 allanamientos en el Distrito Nacional y otras ciudades del país contra armerías que operan de manera irregular en el territorio nacional.
En los allanamientos, que se desplegaron en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, participaron 25 fiscales, 190 miembros de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 del Ministerio de Interior y Policía.
Dentro de las acciones ilícitas encontradas resaltan: operar sin ningún tipo de licencia, operar con licencias vencidas, realizar trabajos de taller sin licencia para hacerlo, intermediar para comercializar sin licencia y retención ilícita de armas de fuego de terceros.
En los allanamientos practicados fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas, cortas tipo pistola y revólveres, incluyendo una cantidad considerable sin ningún tipo de documentación ni constancia de su origen.
También, fueron ocupadas armas de fuego de terceros acopiadas de manera ilícita, aproximadamente 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, lo que evidencia que fueron traficadas hacia República Dominicana de manera ilícita.
Además, se ocuparon armas de guerra y de uso prohibido en el país, miras telescópicas, mira láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas, así como también pertrechos de agencias de investigación del Estado, sin los debidos permisos, entre otras ilicitudes.
Debido a los hallazgos de los allanamientos fueron arrestados en flagrante delito los propietarios o representantes de las armerías contra quienes el Ministerio Público solicitará la imposición de medidas de coerción en los tribunales en las próximas horas.
El trabajo de investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la procuradora de corte Maura Martínez, y del mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo, director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional.
La operación forma parte de la estrategia integral de República Dominicana para el control de las armas de fuego y sus pertrechos, conforme a la ley. En las próximas horas, el Ministerio Público someterá a los implicados ante la Oficina de Atención Permanente para solicitar la imposición de medidas de coerción y seguirá profundizando la investigación.
