Sentimos satisfacción el pasado 2 de septiembre, cuando se emitió el decreto 615-26. Este mandato gubernamental está dirigido a “enfrentar” la práctica desenfrenada de la deforestación y la depredación de los ríos. Dicho decreto enfatiza en la “prevención, detección e investigación del terrorismo ambiental”.
El comité creado para accionar contra el terrorismo ambiental, si verdaderamente va a trabajar, tendrá mucho por hacer. Valle Nuevo y Sierra del Bahoruco pueden ser un buen inicio por los fuegos.
La población, desde la época del doctor Balaguer, tiene la creencia de que, si se integra comisión para investigar un caso, es para “darle larga”. Esperamos que, en esta oportunidad, la instrucción dada al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración sea cumplida efectivamente.
Como dice el ciudadano común: aquí todos sabemos dónde se depredan los ríos, extrayendo materiales a toda hora y quienes son los responsables. Se conoce quienes poseen casas de lujo y de descanso en importantes nacimientos de ríos o en sus orillas. Se sabe además quienes cortan madera cada vez que necesitan acondicionar sus villas de lujo en parques nacionales.
Que la comisión creada en el decreto 615-26, no se limite a “diseñar” una política de prevención y combate a los incendios forestales provocados para EL CONUQUISMO. No son SOLO los desamparados agricultores los que incendian áreas para cultivar. Esa comisión tienen que mirar UN POCO más allá.
Ríos como el Nizao, el Yuna, el Yaque del Sur, el Yaque del Norte, el Camu, agonizan por culpa de esa extracción criminal, definida ahora como “terrorismo ambiental”. Los culpables, no solo se mueven amparados en la oscuridad de la noche, sino también en el manto protector de algunas autoridades. Comunitarios y alcaldías han denunciado derribo indiscriminado de árboles en Santo Cerro, Pie del Cerro, Carrera de Palmas y otros puntos del país. Ahí hay casos que investigar. Aplaudimos el anuncio de luchar “contra el terrorismo ambiental”. Esperamos ahora, que esa lucha no se quede entre los “papeles” de la comisión creada o en los maletines de quienes tienen el poder de silenciar a “investigadores”.
