El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas examinó la situación de Haití durante su sesión 10246, en la que se abordaron los avances hacia las elecciones, el agravamiento de la inseguridad y el ataque contra militares salvadoreños desplegados en el país caribeño.
Uno de los hechos que centró la atención fue la emboscada contra soldados de El Salvador pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), quienes fueron atacados con armas de fuego y explosivos en Puerto Príncipe cuando regresaban de un mercado. El incidente ocurrió un día antes de la reunión y dejó a cuatro sobrevivientes cuyo paradero se desconocía.
La agresión evidenció los desafíos que enfrenta la misión internacional ante el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Entre julio y septiembre de 2026, se registraron alrededor de 1,000 muertes violentas y un centenar de secuestros, además de numerosos casos de violencia sexual y un aumento de los grupos de autodefensa.
Las pandillas también han extendido sus acciones a distintas comunidades, tanto urbanas como rurales, con episodios de violencia en Artibonite, Gressier y sectores de la capital. Estas operaciones buscan debilitar la autoridad estatal y dificultar el restablecimiento del orden.
Preparativos electorales muestran avances
En el ámbito político, Carlos Ruiz Massieu señaló que Haití ha experimentado un impulso significativo en la organización de sus próximas elecciones, tras años de dificultades para avanzar hacia un proceso electoral.
Entre los pasos recientes figura la publicación, el pasado 6 de octubre, de un decreto electoral revisado. Hasta el momento, más de 35 partidos políticos y unos 3,500 candidatos se han inscrito para participar en el proceso.
Las disposiciones actualizadas contemplan mayores plazos para los registros, facilidades para la participación de mujeres y mecanismos de inscripción electoral por internet.
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre una resolución destinada a preservar la neutralidad de los funcionarios públicos y establecer sanciones frente al uso de recursos estatales para favorecer candidaturas o agrupaciones políticas.
Pese a estos avances, durante la sesión se insistió en que cualquier calendario electoral debe responder a las condiciones reales del país y a su capacidad logística, para evitar nuevos retrasos y un mayor deterioro de la confianza ciudadana.
La fuerza internacional enfrenta dificultades operativas
Jack Christofides informó que el contingente internacional desplegado en Haití supera los 2,000 efectivos procedentes de seis países, una cifra que equivale a poco más de un tercio del personal autorizado para la misión.
Según explicó, uno de los principales obstáculos para ampliar la presencia militar es la movilización de equipos y recursos indispensables, entre ellos vehículos blindados, sistemas de comunicación y medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
Con las capacidades disponibles, la fuerza ha instalado posiciones operativas en Artibonite, Delmas y otros puntos estratégicos. Desde allí, sus integrantes realizan patrullajes junto a la Policía Nacional de Haití con el propósito de limitar las actividades de las bandas.
Sin embargo, los resultados de las operaciones también se ven condicionados por las debilidades del sistema judicial. De acuerdo con lo expuesto, varias de las 26 personas arrestadas en intervenciones recientes tuvieron que ser liberadas debido a las limitaciones estructurales de la justicia haitiana.
Buscan reforzar la logística y el financiamiento
Durante su intervención, Daniela Kroslak explicó que la oficina de apoyo de las Naciones Unidas trabaja para mejorar el abastecimiento de la misión y disminuir los costos de sus operaciones.
Como parte de esas gestiones, se han coordinado rutas de transporte aéreo estratégico con la colaboración de países como República Dominicana, Panamá y Francia.
También está prevista la habilitación de ocho instalaciones logísticas y operativas en diferentes puntos de Haití, con miras a respaldar el aumento gradual del contingente internacional proyectado para finales de 2026.
La funcionaria destacó la necesidad de conseguir mayores contribuciones económicas para los fondos destinados a sostener la fuerza y respaldar iniciativas de paz.
Al mismo tiempo, se planteó que las operaciones de seguridad deben acompañarse de programas de desarme, desmantelamiento de estructuras criminales y reintegración de sus integrantes, bajo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
La seguridad no garantiza por sí sola la estabilidad
Al cierre de la sesión, el Consejo de Seguridad reiteró que el despliegue de fuerzas internacionales, aunque necesario para contener la violencia, no constituye una solución suficiente para la crisis haitiana.
La recuperación del país dependerá también de la capacidad de sus instituciones para restablecer el control territorial, garantizar servicios públicos básicos y promover un entendimiento político que incluya a los distintos sectores nacionales.
El desafío consiste en convertir los avances electorales y las operaciones de seguridad en condiciones duraderas de estabilidad, con el acompañamiento de la comunidad internacional y el fortalecimiento de la gobernabilidad haitiana.
