Desde 1993, Naciones Unidas y coaliciones de distintos países han desplegado misiones militares, policiales y civiles en territorio haitiano. Aunque algunas contribuyeron a recuperar el orden constitucional y fortalecer instituciones, las bandas armadas continúan representando uno de los principales desafíos para el Estado.
SANTO DOMINGO.– Haití acumula más de tres décadas de intervenciones internacionales dirigidas a recuperar la estabilidad política, fortalecer sus instituciones y combatir la violencia, sin que hasta octubre de 2026 se haya conseguido establecer un sistema de seguridad capaz de garantizar el control del territorio y proteger a la población de manera sostenida.
Desde las primeras operaciones coordinadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta la actual Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), el país caribeño ha recibido contingentes militares, policías, asesores civiles y recursos de diferentes naciones, en una sucesión de misiones que han cambiado de objetivos y modalidades conforme se profundiza la crisis.
La primera etapa de estas intervenciones comenzó en 1993, cuando la comunidad internacional buscaba responder a la crisis política provocada por el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide en 1991.
La Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), establecida conjuntamente por la ONU y la OEA, tuvo como propósito vigilar la situación de los derechos humanos y documentar las violaciones cometidas durante el régimen militar. Sin embargo, las restricciones impuestas por las autoridades de facto dificultaron sus operaciones.
Posteriormente, en septiembre de 1994, una coalición internacional encabezada por Estados Unidos desplegó la denominada Operación Uphold Democracy, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con aproximadamente 20,000 militares de 28 países.
Su principal objetivo era facilitar el retorno al poder del Gobierno constitucional. La operación consiguió que Aristide regresara a Haití el 15 de octubre de 1994, mientras los principales dirigentes militares abandonaron el poder.
A partir de ese momento, Naciones Unidas asumió un papel más directo en el acompañamiento institucional, mediante la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH), desplegada entre 1995 y 1996, que contribuyó a la creación y profesionalización de la Policía Nacional haitiana.
A esta le siguieron otras operaciones, como UNSMIH, UNTMIH y MIPONUH, desarrolladas entre 1996 y 2000, enfocadas principalmente en capacitar a los agentes policiales, fortalecer las instituciones de seguridad y acompañar el proceso democrático.
Aunque estas misiones contribuyeron a establecer estructuras institucionales, sus resultados no consiguieron eliminar los problemas de gobernabilidad ni garantizar la estabilidad política.
La MINUSTAH: 13 años de presencia internacional y una de las misiones más controvertidas
En febrero de 2004, Haití volvió a experimentar una crisis política y de seguridad que provocó la salida del presidente Aristide. Ante el deterioro de la situación, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una Fuerza Multinacional Provisional, integrada principalmente por tropas de Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile.
Esta fuerza fue reemplazada el 1 de junio de ese año por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), establecida mediante la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad.
La operación, que permaneció en territorio haitiano hasta el 15 de octubre de 2017, contó con la participación de militares, policías y personal civil de diferentes nacionalidades. Brasil asumió un papel destacado en el componente militar, mientras que Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y Jordania figuraron entre los países contribuyentes.
Su mandato comprendía mantener un entorno seguro, respaldar a la Policía Nacional haitiana, apoyar el desarme de grupos armados, fortalecer el Estado de derecho y acompañar los procesos políticos.
Durante esos 13 años, la MINUSTAH participó en operaciones de seguridad, capacitación policial, protección de infraestructuras y asistencia humanitaria. También desempeñó un papel importante después del terremoto del 12 de enero de 2010, que devastó Puerto Príncipe y otras localidades, causando una catástrofe humanitaria.
Sin embargo, su permanencia estuvo acompañada de graves controversias. Una de las más importantes fue la epidemia de cólera que comenzó en octubre de 2010 y cuya introducción en Haití fue vinculada a personal de un contingente de paz procedente de Nepal, según investigaciones científicas y evaluaciones independientes.
La epidemia provocó miles de muertes y afectó a cientos de miles de personas. Naciones Unidas reconoció posteriormente su responsabilidad institucional en la respuesta a la crisis.
También se documentaron denuncias de explotación y abusos sexuales cometidos por integrantes de contingentes internacionales, hechos que afectaron la confianza de parte de la población haitiana en la misión.
Pese a los años de presencia extranjera, la operación no consiguió consolidar instituciones capaces de sostener por sí mismas los avances en materia de seguridad. Su retirada en 2017 tampoco significó el final de la asistencia internacional.Investigación de la ONU+3
De la estabilización militar al fortalecimiento de la justicia
Después de la salida de MINUSTAH, Naciones Unidas cambió el enfoque de su presencia en Haití y estableció la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), que comenzó sus operaciones el 16 de octubre de 2017 y concluyó el 15 de octubre de 2019.
A diferencia de su antecesora, esta misión no tenía un componente militar tradicional. Estaba integrada por personal civil y unidades policiales internacionales, con el objetivo de continuar la profesionalización de la Policía Nacional, fortalecer los tribunales, mejorar el sistema penitenciario y promover los derechos humanos.
La MINUJUSTH representó el intento de pasar de una intervención centrada en la estabilización militar a otra enfocada en reformas institucionales. Sin embargo, al concluir su mandato, Haití todavía enfrentaba problemas de corrupción, debilidad judicial, inestabilidad política y dificultades para garantizar la seguridad ciudadana.
En octubre de 2019, la ONU estableció la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), una misión política especial que continúa operando en el país.
Su función consiste en acompañar el diálogo político, respaldar los esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, asesorar a las autoridades, apoyar la profesionalización policial y documentar las violaciones de derechos humanos.
A diferencia de las misiones anteriores, BINUH no dispone de contingentes militares ni tiene capacidad para realizar operaciones armadas contra las organizaciones criminales.MINUJUSTH+2
La misión encabezada por Kenia: una nueva apuesta contra las bandas armadas
El deterioro de la seguridad haitiana volvió a provocar una solicitud de intervención internacional en octubre de 2022, cuando el entonces primer ministro Ariel Henry pidió asistencia extranjera para respaldar a la Policía Nacional y enfrentar el avance de las organizaciones criminales.
Un año después, en octubre de 2023, el Consejo de Seguridad autorizó mediante la Resolución 2699 la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), encabezada por Kenia.
La operación no era una misión de cascos azules ni estaba integrada directamente por personal de Naciones Unidas. Se trataba de una fuerza multinacional autorizada por el organismo internacional, pero organizada y financiada mediante contribuciones voluntarias de los países participantes.
Kenia asumió el liderazgo y desplegó sus primeros agentes en junio de 2024. Posteriormente se incorporaron efectivos de Jamaica, Belice, Guatemala y El Salvador, mientras Estados Unidos y Canadá proporcionaron respaldo financiero, logístico y de equipamiento.
El plan contemplaba reunir aproximadamente 2,500 integrantes, pero la operación enfrentó dificultades para conseguir personal, recursos económicos y equipos.
En septiembre de 2024, cuando el Consejo de Seguridad renovó su autorización, la misión contaba con unos 410 policías sobre el terreno. Para marzo de 2025, el contingente superaba ligeramente los 1,000 integrantes.
Aunque realizó operaciones conjuntas con la Policía haitiana y logró recuperar temporalmente algunos espacios estratégicos, entre ellos sectores vinculados al aeropuerto de Puerto Príncipe, la violencia continuó extendiéndose.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, actualizado en junio de 2025, señaló que la situación política y de seguridad continuaba deteriorándose pese al despliegue de la fuerza.
La falta de personal, financiamiento y equipamiento limitó su capacidad para cumplir el mandato, mientras las organizaciones criminales mantenían el control de importantes sectores de la capital y otras zonas del país.United Nations in the Caribbean+3
2025-2026: una fuerza con mayor capacidad
Ante las limitaciones de la misión encabezada por Kenia, el Consejo de Seguridad aprobó el 30 de septiembre de 2025 la Resolución 2793, que autorizó la creación de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), para sustituir la estructura anterior.
La nueva operación recibió un mandato más amplio, orientado a realizar operaciones de inteligencia y seguridad contra las organizaciones criminales, apoyar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas, proteger infraestructuras estratégicas y facilitar el acceso de la asistencia humanitaria.
La resolución autorizó hasta 5,500 efectivos uniformados, entre militares y policías, además de 50 civiles.
Entre los países que aportan personal figuran Chad, Sri Lanka, Guatemala, El Salvador, Mongolia y Jamaica. La misión también cuenta con respaldo institucional y logístico de Naciones Unidas.
Para facilitar su funcionamiento, la ONU estableció la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), que comenzó a operar el 1 de abril de 2026.
Esta estructura proporciona alojamiento, alimentación, combustible, transporte, atención médica, comunicaciones y otros servicios necesarios para el funcionamiento de la fuerza.
Los resultados reportados en 2026
El primer informe de progreso de la GSF, presentado ante el Consejo de Seguridad en septiembre de 2026, ofrece un balance de sus operaciones entre el 1 de abril y el 31 de agosto.
Para el cierre de ese período, la fuerza tenía desplegados 1,213 efectivos uniformados procedentes de seis países, apenas el 22 % de los 5,500 autorizados.
Entre las actividades reportadas figuran:
441 patrullajes.
Seis operaciones de cerco y registro.
Tres operaciones de despeje.
40 barricadas retiradas.
Dos puntos de control ilegales desmantelados.
16 sospechosos detenidos, de los cuales 13 fueron posteriormente liberados.
La misión también estableció cuatro bases operativas: tres en Puerto Príncipe y una en Gonaïves, su primera instalación fuera de la capital.
El informe identificó una reducción de la actividad de las bandas en sectores como Tabarre y Delmas, donde se observó el retorno de residentes y pequeños negocios. No obstante, aclaró que todavía no era posible cuantificar ese cambio.
El principal obstáculo señalado por la propia fuerza continúa siendo la lentitud en el despliegue de efectivos, así como la necesidad de ampliar las operaciones conjuntas con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2829, mediante la cual extendió el mandato de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027.
La decisión busca dar continuidad a las operaciones mientras llegan nuevos contingentes y se amplía la capacidad de intervención.
Secuestro de militares salvadoreños
La crisis de seguridad en Haití volvió a generar tensiones internacionales el 18 de octubre de 2026, cuando cuatro militares salvadoreños que integraban la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF) desaparecieron después de que el vehículo blindado en el que se desplazaban fuera emboscado por hombres armados en la localidad de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.
Los cuatro efectivos son técnicos aeronáuticos que participaban en labores de evacuación médica dentro de la misión internacional. Desde el ataque, las autoridades no han confirmado su paradero ni su condición.
Ante el hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el 21 de octubre una operación militar para localizar y rescatar a sus compatriotas, y lanzó un ultimátum a las organizaciones criminales responsables, advirtiendo que enfrentaría consecuencias más contundentes si los retenidos no eran devueltos con vida.
Posteriormente, el mandatario informó sobre el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños para apoyar las operaciones en Haití. El 29 de octubre también rechazó que la intervención representara una invasión y aseguró que su país no tiene intención de dominar el territorio haitiano, sino de contribuir a combatir las pandillas y recuperar a sus cuatro ciudadanos.
Bukele sostuvo además una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para coordinar la cooperación en materia de seguridad. Hasta el 30 de octubre, no se había confirmado oficialmente la liberación de los cuatro militares.
El balance de las intervenciones
La sucesión de misiones internacionales evidencia que Haití ha recibido asistencia extranjera bajo diferentes modalidades y con objetivos que han evolucionado conforme se profundiza su crisis.
En una primera etapa, las operaciones estuvieron dirigidas a restablecer el orden constitucional después del golpe de Estado de 1991. Posteriormente, se concentraron en la estabilización militar, la capacitación policial y el fortalecimiento de la justicia. En la actualidad, el objetivo principal es enfrentar directamente a las bandas armadas y recuperar el control territorial.
Sin embargo, los resultados históricos muestran una diferencia entre los avances alcanzados por cada operación y la capacidad del Estado haitiano para mantenerlos una vez que disminuye o concluye la presencia internacional.
Entre los principales logros figuran el retorno de Jean-Bertrand Aristide al poder en 1994, la creación de la Policía Nacional haitiana, el acompañamiento a procesos electorales y el apoyo humanitario después del terremoto de 2010.
En contraste, la persistencia de la violencia, la debilidad de las instituciones, las denuncias contra integrantes de misiones internacionales y la expansión de las organizaciones criminales han limitado el impacto de esas intervenciones.
La actual Fuerza de Represión de las Bandas representa un nuevo intento de modificar ese escenario, con un mandato más amplio para combatir a los grupos armados. No obstante, sus propios informes reconocen que todavía necesita completar su despliegue y ampliar su capacidad operativa.
De esta manera, Haití llega a octubre de 2026 con una nueva fuerza internacional en funcionamiento, mientras continúa dependiendo de la cooperación extranjera para enfrentar una crisis de seguridad que sus instituciones nacionales no han podido contener.
Más de 30 años después de las primeras intervenciones, el desafío sigue siendo convertir la asistencia internacional en instituciones haitianas capaces de garantizar la seguridad, ejercer autoridad sobre el territorio y sostener la estabilidad sin depender permanentemente de fuerzas extranjeras.
