El Consejo Directivo de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) designó al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, como enlace especial ante el Poder Ejecutivo, para la coordinación de todo lo relativo a la implementación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos y su aplicación efectiva.
La reunión del Consejo Directivo de FEDOMU estuvo encabezada por su presidente, Nelson Núñez, quien informó la designación de Sanz Lovatón destacando que la misma “busca fortalecer la coordinación entre los ayuntamientos y el gobierno central, garantizando que las políticas públicas vinculadas al manejo de residuos sólidos se implementen de manera efectiva y en beneficio de las comunidades».
Durante su participación, Sanz Lovatón, afirmó que la Ley 225-20 de residuos sólidos constituye una necesidad de Estado, ya que garantiza sostenibilidad, competitividad y desarrollo para los municipios.
Señaló además que la normativa unifica las reglas de gestión de basura en todo el país, fortalece la capacidad de los ayuntamientos y abre oportunidades de inversión y empleo, como lo demuestra la planta de reciclaje recientemente inaugurada en San Pedro.
“Su aplicación garantiza sostenibilidad, competitividad y desarrollo para nuestros municipios, permitiendo que los ayuntamientos tengan más recursos y tiempo para proyectos que dejen un verdadero legado en sus comunidades», añadió Sanz Lovatón sobre la ley.
Además, el titular del MICM aseguró que el fideicomiso para la administración de la ley busca eficientizar el uso de los mismos y permitir a los municipios dedicar más tiempo y presupuesto a otros proyectos de impacto social.
Durante el encuentro con FEDOMU, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, también atendió inquietudes planteadas por los alcaldes y alcaldesas en torno a la aplicación de la ley de residuos sólidos.
El funcionario pautó próximas reuniones para dar seguimiento a los temas pendientes, así como un encuentro de coordinación el director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Porfirio Urrutia, los responsables del fideicomiso y otros funcionarios vinculados al tema.
Puntualizó que la intención es garantizar que los asuntos municipales en torno a esta ley sean atendidos, que su implementación se realice bajo consenso, y que se fortalezca la capacidad de gestión de los ayuntamientos.
