El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes con gesto serio en el Palacio de la Moncloa para confirmar el desenlace de una crisis que ya flotaba en el ambiente político y que se daba por inevitable en los corrillos parlamentarios: la disolución anticipada de las Cortes Generales y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre de 2026.
Asimismo, el adelanto electoral decretado por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre pone fin de forma abrupta a la tramitación de numerosas iniciativas pendientes en el Parlamento. Entre las principales víctimas figura la proposición de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis. El texto, aprobado en el Congreso el pasado 10 de septiembre, había encallado en el Senado tras introducir el Partido Popular enmiendas para exigir dos años de residencia legal. Con la disolución de las Cámaras, el pulso legislativo decae automáticamente.
La legislatura ha tocado fondo en el Congreso de los Diputados tras meses de equilibrios imposibles y pactos de mínimos que se han ido desmoronando uno tras otro. El detonante definitivo de esta ruptura ha sido el severo varapalo institucional sufrido la semana pasada, cuando la pinza formada por la oposición y los socios habituales del Ejecutivo tumbaron sin contemplaciones los decretos clave sobre vivienda. Aquel revés parlamentario dejó al Gobierno completamente huérfano de apoyos, sin capacidad de reacción y sin el más mínimo margen de maniobra para sacar adelante los presupuestos del próximo año ni el resto de las leyes sociales con las que pretendía agotar la legislatura. Con este adelanto, el Ejecutivo corta por lo sano y traslada la presión directamente a las urnas, abriendo un escenario político totalmente abierto y cargado de incertidumbre.
