Llegó a mis manos un estudio sobre la afiliación de los servidores públicos en el seguro familiar de salud. Ese estudio, avalado por dos académicos, evidencia que dedicaron tiempo y recursos para lograr un buen contenido. Mis Expresiones se detienen en el renglón de los servidores públicos, porque el Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que deja claramente establecido que los empleados públicos deben pertenecer a la aseguradora del estado, que es: ARS SENASA. Pero esto no se cumple. Hoy el 31.2% de esos empleados está en el sector privado.
En uno de los diarios, donde se resalta el estudio, se tituló “Empleados públicos violan afiliación a la ARS”. Nos detenemos, aquí porque quienes violan la ley de la Seguridad Social no son los empleados. Ellos no eligen la aseguradora. Las “escogen” los ministros, directores, gerentes de recursos humanos. Si el Estado es el principal empleador y quienes les sirven deben afiliarse a su ARS, entonces desde el presidente de la República como empleado número uno, hasta el más humilde conserje deben pertenecer a esa ARS. Pero, hoy no es así.
Al estudio que nos remitimos establece que entre 2010 y 2024 las ARS privadas manejaron RD$597 mil 659 millones mientras la ARS del Estado, Senasa, solo manejó RD$144 mil 856 millones. No fueron empleados públicos los que llevaron esos millones a las manos del sector privado. Fueron los funcionarios que, violando lo que establece el TC, fueron a privilegiar a los privados. Sabrá Dios por cuales razones. Si Senasa tiene déficit financiero y menos afiliados que las ARS privadas, es culpa de los funcionarios. A Senasa hay que preservarla. Los empleados públicos deben ser transferidos a esta como establece el TC. Y…hay que evitar que alguien “desvíe” los recursos de la salud a la política o a las cuentas bancarias personales de algún funcionario indolente.
