El Gobierno de China cuestionó las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a empresas y personas vinculadas con Cuba, al considerar que Washington busca interferir en la cooperación entre Pekín y La Habana. Las restricciones, anunciadas por la Administración de Donald Trump, incluyen por primera vez a dos compañías chinas y amplían las medidas de presión sobre sectores estratégicos de la economía cubana.
La reacción fue expresada este viernes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, quien advirtió que su país tomará las acciones necesarias para proteger los intereses de sus empresas. Durante una rueda de prensa, el funcionario calificó de inaceptable la intervención estadounidense en los acuerdos comerciales entre ambas naciones y defendió que esos intercambios se desarrollan de manera legítima.
Pekín también cuestionó que Washington extienda sus restricciones a compañías de terceros países, alegando que estas disposiciones no cuentan con el respaldo del derecho internacional ni con una autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Dos empresas chinas en la lista de sancionados
El nuevo paquete de medidas contempla a ocho entidades y dos personas relacionadas, según las autoridades estadounidenses, con actividades militares, comerciales y financieras del Gobierno cubano.
Entre las compañías incluidas aparecen China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies, a las que Washington atribuye vínculos con el suministro de tecnología y equipos destinados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
El Departamento de Estado sostiene que ambas empresas realizaron operaciones durante 2026 con Sociedad Mercantil Duna, firma cubana dedicada a gestionar la adquisición de materiales militares.
Las autoridades estadounidenses señalan que CEIEC participa en la comercialización de sistemas electrónicos y equipos de defensa, mientras que Beijing H&C Technologies trabaja con dispositivos de vigilancia y otras herramientas tecnológicas.
Washington considera que estas actividades contribuyen al funcionamiento de las estructuras militares y de seguridad de la isla. Sin embargo, las compañías señaladas no han reconocido públicamente las acusaciones.
Restricciones al transporte de petróleo
La ofensiva económica estadounidense también se dirige contra el movimiento de hidrocarburos hacia territorio cubano, una actividad fundamental para el abastecimiento energético de la isla.
Dentro de las nuevas designaciones figuran cuatro empresas vinculadas al transporte marítimo de petróleo y sus derivados, así como las entidades estatales Cubaelectrónica y Tecnosime, relacionadas con operaciones comerciales, electrónicas y servicios técnicos.
A estas disposiciones se suma la incorporación de cinco embarcaciones a la lista de propiedades bloqueadas: Esperanza, María Cristina, Gloria C, Emilia y Lourdes.
La medida limita las operaciones financieras y comerciales de esos buques que involucren a personas o instituciones bajo jurisdicción estadounidense, lo que puede dificultar sus actividades internacionales.
Asimismo, el Departamento del Tesoro amplió los mecanismos para imponer restricciones a actores extranjeros que mantengan negocios en cuatro sectores de la economía cubana, entre ellos manufactura y tecnología.
Personas vinculadas al entramado empresarial cubano
La relación de sancionados incluye a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, a quien Estados Unidos vincula con una estructura de compañías dedicadas al traslado marítimo de productos petroleros relacionados con Cuba.
También fue incluida Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA), conglomerado empresarial asociado a las Fuerzas Armadas cubanas.
De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Estado, Rodríguez Lastres desempeñó anteriormente funciones como directora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel, una de las principales infraestructuras portuarias para el intercambio comercial de Cuba.
La Administración Trump sostiene que las redes empresariales relacionadas con las estructuras estatales y militares de la isla permiten concentrar recursos económicos en sectores vinculados al poder, mientras los ciudadanos enfrentan dificultades para conseguir combustible, electricidad y productos esenciales.
Qué implican las nuevas sanciones
Las disposiciones se fundamentan en la orden ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que establece mecanismos para sancionar a personas y organizaciones señaladas por actividades que Washington considera relacionadas con la represión en Cuba o contrarias a sus intereses de seguridad nacional y política exterior.
En términos prácticos, las restricciones contemplan la inmovilización de los activos que los designados posean bajo jurisdicción estadounidense y limitan las transacciones comerciales y financieras con ciudadanos y empresas de ese país.
Las consecuencias también pueden alcanzar a entidades bancarias extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los sancionados, exponiéndolas a medidas adicionales.
No obstante, el Departamento de Estado precisó que las disposiciones mantienen excepciones para determinadas operaciones humanitarias autorizadas, como el suministro de alimentos, medicamentos y equipos médicos.
Cuba enfrenta mayores dificultades energéticas
El endurecimiento de las medidas ocurre mientras la economía cubana atraviesa una situación complicada, marcada por la falta de combustible, las interrupciones del servicio eléctrico y los obstáculos para adquirir productos en los mercados internacionales.
Desde enero, el Gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre los países que suministran petróleo a Cuba, incluso mediante advertencias de posibles aranceles a quienes mantengan operaciones de ese tipo con La Habana.
La disminución de los abastecimientos energéticos se combina con el deterioro de las centrales eléctricas y las limitaciones financieras del país. Como consecuencia, distintas comunidades han experimentado prolongados apagones, que en algunos casos superan las 24 horas.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido estas acciones bajo el argumento de que las autoridades cubanas destinan recursos al sostenimiento de sus estructuras de poder, en lugar de atender las necesidades de la población.
La posición de La Habana es distinta. El Gobierno cubano atribuye buena parte de sus dificultades económicas al embargo de Estados Unidos y a las restricciones comerciales y financieras que se mantienen desde hace décadas.
La ONU vuelve a cuestionar el embargo
El enfrentamiento diplomático entre Washington y La Habana se produce pocos días después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una nueva resolución contra el embargo estadounidense a Cuba.
Durante la votación del pasado 28 de octubre, la iniciativa recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Entre los países que optaron por abstenerse estuvo República Dominicana.
Aunque este tipo de resoluciones no tiene carácter jurídicamente obligatorio, constituye una expresión de la posición de los Estados miembros frente a las restricciones económicas que afectan a la isla.
El episodio también incorpora un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y China, cuyas relaciones atraviesan diferencias en materia comercial, tecnológica y estratégica.
Pekín ha mantenido sus relaciones económicas y políticas con La Habana y rechaza que las decisiones unilaterales de Washington condicionen los acuerdos que sus empresas establezcan con otros países.
Hasta este viernes, las autoridades chinas no habían anunciado cuáles serían las acciones concretas que adoptarían frente a las sanciones impuestas a sus compañías.
