La intervención de uno de los principales bancos de Paraguay, que dejó inmovilizados los ahorros de millones de clientes, provocó una crisis política y social que amenaza con alcanzar al presidente Santiago Peña y a su vicepresidente, Pedro Alliana, contra quienes legisladores opositores impulsan un juicio político.
La situación generó nuevas manifestaciones este miércoles en Asunción, donde cientos de personas salieron a las calles por segundo día consecutivo para exigir la devolución de su dinero y reclamar responsabilidades al Gobierno. Durante las protestas se escucharon consignas como “devuelvan nuestra plata” y “juicio a Santi Peña”.
La preocupación también se reflejó frente a las sucursales de Ueno Bank, donde numerosos clientes acudieron para intentar recuperar sus depósitos. Entre los afectados figuran jubilados y ahorrantes que temen perder los recursos acumulados durante años.
Las movilizaciones terminaron en enfrentamientos con agentes policiales, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. Pese a la intervención, parte de los participantes permaneció en las calles.
El conflicto comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de insuficiencia de capital y suspendió sus operaciones. La entidad concentra cuentas de aproximadamente la mitad de los 6.4 millones de habitantes del país.
La controversia también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, mientras que la institución presentó una denuncia judicial contra la entidad financiera. Como resultado de las investigaciones, ocho de sus directivos fueron detenidos, incluido el presidente del banco, Miguel Vázquez.
Acusan a Peña de conflicto de intereses
En medio del escándalo financiero, diputados opositores presentaron una solicitud de juicio político contra Peña y Alliana por presunto mal desempeño de sus funciones.
El legislador Mauricio Espínola informó a la AFP que la iniciativa consiguió las firmas necesarias para ser conocida en la Cámara de Diputados, cuya convocatoria fue fijada para este jueves a las 10:00 de la mañana, hora local.
Entre los cuestionamientos contra el mandatario figura un posible conflicto de intereses, debido a sus antiguos vínculos empresariales con un grupo que controlaba Ueno Bank. Peña tuvo participación accionaria en esa estructura, pero se desvinculó en 2025.
La oposición también cuestiona supuestas decisiones regulatorias que habrían favorecido a la institución financiera y el traslado de recursos previsionales hacia el banco. A esto se suman señalamientos relacionados con el crecimiento del patrimonio del gobernante.
Para que la acusación avance, sus promotores necesitan conseguir respaldo de legisladores del Partido Colorado, organización oficialista que mantiene mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Si la Cámara de Diputados aprueba el documento, el Senado tendría a su cargo el proceso y necesitaría 30 votos de sus 45 integrantes para destituir a los funcionarios. Sin embargo, el resultado es incierto debido al control legislativo del partido gobernante.
Gobierno promete devolver parte de los ahorros
Ante la presión de los depositantes, Peña promulgó este miércoles una legislación aprobada por el Congreso que establece un mecanismo para acelerar la devolución de parte de los recursos retenidos.
La disposición contempla que los afectados puedan comenzar a recibir los fondos de garantía en un plazo de cinco días. Por su parte, el Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, equivalentes a unos 1,675 dólares.
El Congreso también dio su aprobación a uno de los tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar nuevamente el directorio del Banco Central, una institución que constitucionalmente cuenta con autonomía frente al Gobierno.
Un antecedente de destitución presidencial
La posibilidad de un juicio político vuelve a colocar a Paraguay ante un escenario de tensión institucional. En 2012, el entonces presidente Fernando Lugo fue separado del cargo mediante un procedimiento de esta naturaleza, luego de la crisis provocada por un enfrentamiento entre campesinos y policías que dejó 17 muertos.
Lugo había llegado al poder en 2008, poniendo fin a seis décadas de predominio del Partido Colorado en la Presidencia.
Peña, quien asumió en agosto de 2023 para un período de cinco años, enfrenta ahora uno de los mayores desafíos de su administración, en medio de la indignación de los ahorrantes y las acusaciones de la oposición por la gestión de la crisis bancaria.
